Son el secretario de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, y el director de Protocolo, Hernán Tillous. Lamentan por lo bajo el protagonismo que adquirieron.
El presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Sáenz Saralegui, dijo a su manera lo que muchos funcionarios no pueden opinar abiertamente, pero piensan desde hace tiempo. “Arroyo está rodeado de cuatro vivillos que sólo hacen negociados”, dijo el titular del cuerpo legislativo.
Con matices, gran parte del gabinete suscribe. La mayoría de los secretarios resiste al titular de Economía y Hacienda, Hernán Mourelle, y al director de Protocolo, Hernán Tillous, que comparten la mesa chica de decisiones con otros allegados a Arroyo.
Las últimas horas fueron un símbolo de esa división del equipo municipal: buena parte de los funcionarios de primera línea mantuvieron reuniones para analizar alternativas a la parálisis del municipio como consecuencia del conflicto con el Sindicato de Trabajadores Municipales. En esos encuentros extraoficiales no estuvieron Mourelle ni otros exponentes del cada vez más reducido entorno del jefe comunal.
La preocupación de los secretarios es cómo seguir brindando servicios en un contexto de conflicto permanente. Las medidas de fuerza iniciadas por el sindicato de Antonio Gilardi el martes de la semana pasada comenzaron a complicar seriamente la actividad municipal. En todas las áreas: desde la ausencia de controles de Tránsito e Inspección General hasta el retraso de los trámites de carnets de conducir y la falta de acceso a la salud.
La inquietud incluye a los presidentes de los entes descentralizados, que no pueden avanzar en aspectos cotidianos como el corte de pastos y el reemplazo de luminarias en espacios públicos o las obras de pavimentación.
A las jornadas de retención de tareas deben sumarse los feriados y días no laborables por Navidad y Año Nuevo. Ante ese panorama, los secretarios maldicen por lo bajo la actitud de Arroyo y Mourelle para echar siempre más leña al fuego. Eso fue lo que ocurrió el lunes, cuando el gobierno se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia para tratar de que se invalide la ordenanza que respaldó la bonificación de los docentes municipales.
El mismo día, el secretario sostuvo que de mantenerse las medidas de fuerza corre riesgo el pago de los salarios municipales como consecuencia de la falta de recaudación. Otra advertencia para alimentar el conflicto permanente.